“Con el valenciano quieren adoctrinarnos como en Cataluña pero aquí no nos callaremos”

Original

Julia Llopis, presidenta autonómica de Concapa, en Alicante. MANUEL LORENZO

“La derogación del decreto llega tarde y es innecesaria porque esta suspendido cautelarmente. Lo que pretende Marzà es evitar sentencias que puedan afectar a la nueva Ley”

“Quieren consolidar el dominio del valenciano en la pública y después irán a por la concertada, segregando y discriminando económicamente”

La portavoz en la Comunidad Valenciana de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos ha sido una de las voces que más rotundamente se alzó contra el Decreto de Plurilingüismo que promovió el conseller Marzà y que desde diciembre de 2017 está derogado. Alerta de que la Propuesta de Ley con la que el Consell pretende sustituirlo es una estrategia para imponer el valenciano, “cercenando el derecho de los padres y madres a elegir libremente”.

Ahora que se ha derogado el decreto de plurilingüismo. ¿Qué les parece esta decisión?
Nos parece que llega tarde y así se lo manifestamos al propio conseller Marzà, tanto en la Mesa Sectorial de padres como en la Permanente del Consejo Escolar Valenciano. Además, en estos momentos el decreto estaba paralizado cautelarmente. Es decir, que no había necesidad de derogarlo más que por pura estrategia, ya que lo que pretende Marzà es evitar sentencias que puedan influir en la nueva Ley Valenciana de Plurilingüismo. De la única manera que yo hubiese admitido la derogación es si hubiese llegado con la dimisión del conseller. Por su parte, hubiese sido más legal decir: «mi producto estrella se ha estrellado, lo quito y dimito». Por mucho menos se ha exigido la dimisión de un conseller.
¿Qué opinan al respecto de esa nueva legislación que se esta ya preparando?
Que es maquillaje. Nos parece una maniobra para promover la imposición pura y dura del valenciano en el sistema educativo. Al ser una ley de mayor rango, la sociedad civil no puede, en teoría, presentar demandas, como ocurría como el decreto. Se tramitará en Las Cortes y entre los propios parlamentarios la sacarán adelante. Y como este tripartito que nos está gobernando tiene una mayoría simple, pues está claro que la van a aprobar, sea como sea.
¿Qué es lo que exigen?
Ya que en esa Proposición de Ley se especifica que el proyecto lingüístico tendrá que ser consensuado y aprobado por dos tercios del Consejo Escolar de los centros, pedimos que también en Las Cortes se necesiten esos dos tercios para aprobar la ley y no una mayoría simple. Por supuesto, no tengo ninguna confianza en que acepten.
También piden poder contar con una voz propia, que proponen articular a través de comisiones…
Sí, porque ha quedado claro que no hay un interés real por promover la participación. El pasado 8 de enero pudimos presentar nuestras alegaciones en Las Cortes pero no porque Marzà nos diera la palabra, sino porque los partidos en la oposición nos invitaron. El propio STEPV -que es de la cuerda del tripartito- manifestó que no se había consensuado ni con sindicatos, ni con representantes de los docentes de la pública y de la concertada. También lo expresó así el sindicato ANPE, e incluso el representante de los alumnos, que son los grandes olvidados en toda esta historia. Creo que hay que tener un poco de respeto a la sociedad y no sacar a tropezones esta ley.
¿Cuál es el modelo que ustedes propondrían?
Ante todo exigimos que los padres puedan tener libertad para elegir, ya que somos los principales responsables de nuestros hijos y de su educación. Como dice nuestro compañero, el presidente de la Confederación Valenciana de Ampas Públicas (COVAPA): «si nos tenemos que equivocar, que sea con nuestras decisiones». Nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos y debemos tener voz en la elección de la lengua vehicular, que es importantísima para la adquisición de conocimientos. Además, con todos los problemas de fracaso y de abandono escolar existentes, la lengua no puede ser el pilar fundamental en la educación, más aún cuando estamos hablando de una lengua autonómica en un mundo globalizado. En ese sentido, creemos que el decreto anterior sí garantizaba una libertad respecto al castellano y el valenciano, aunque es cierto que nunca ha funcionado el sistema interactivo de aprendizaje de lenguas. Tenemos métodos muy retrógrado para la enseñanza de lenguas extranjeras respecto a otros países, de los que habría que copiar.

¿Se oponen a la enseñanza del valenciano?
En absoluto. Yo siempre he dicho que en las Comunidades en las que existe una lengua cooficial, los niños deberían tener más horas lectivas para aprender su lengua y su cultura. Lo que es un atraso es imponer la lengua a través del curriculum del alumno. Defendemos el sistema que garantice la elección de línea en valenciano o de línea en castellano.
¿Los padres no pueden elegir ahora?
No siempre. De hecho, se está dando el caso de zonas en las que no hay oferta para poder recibir educación en castellano. Hace poco, en un viaje, coincidí con una familia de un pueblo de Valencia con dos niños de siete y once años a los que les costaba hablar en castellano. Sus padres me dijeron que ellos no podían elegir, que no tenían opción en su pueblo. Eso es triste. Hay que dar la oferta y los padres tenemos que ser quienes hagamos esa elección.
Concapa ha sido muy combativa en los tribunales. ¿Piensan seguir recurriendo a ellos?
Con la Proposición de Ley no sabemos hasta qué punto podemos recurrir legalmente pero nuestro departamento jurídico ya analizará cuáles son nuestras alternativas. Y ya avanzo que tenemos cargadas las baterías para ir donde haga falta. Si hasta ahora hemos sido combativos, a partir de ahora lo seremos más y la gente saldrá a la calle porque está harta y asustada.
¿En qué sentido?
Pues mira, hace poco leíamos declaraciones del sindicato STEPV en las que abogan por llegar a porcentajes de aplicación de hasta un 90% de valenciano en las aulas. Esto ya avanzo que va a ser un absurdo porque, aunque lo impongan, hay ciudades en los que no se ha hablado valenciano en la vida y no va a prosperar. Pero está claro que este Gobierno quiere seguir la misma línea que se siguió en Cataluña, con la diferencia de que en Cataluña la gente se calló y tragó y aquí eso no va a ocurrir.
Hablan de adoctrinamiento. ¿Consideran que se está adoctrinando con la lengua?
Sí. Es lo que pretenden. Consolidar un dominio de la lengua valenciana en la escuela pública y cuando esté ya completo, entrarán en la escuela concertada, como pasó en Cataluña. Tanto el decreto que se ha derogado como la nueva ley favorecen económicamente a aquellos centros que opten por un mayor nivel de valenciano. Eso discrimina entre zonas con diferente dominio de la lengua y segrega entre colegios ricos y pobres. La imposición de la lengua es el primer vehículo para el adoctrinamiento y se ha demostrado que ese es el objetivo de este conseller, tan afín a los Països Catalans. Sin embargo, lo único que está generando es confrontación y rechazo. Donde antes eramos tolerantes, ahora nos molesta cuando nos imponen una lengua. Es un paso atrás.

La Proposición de Ley aboga por establecer unos porcentajes para la implantación de las lenguas vehiculares en el curriculum escolar ¿Esto qué les parece?
Se supone que puedes dar un 25% en castellano, un 25% en valenciano y otro 25% en inglés. Pero de nuevo, los porcentajes son muy engañosos. En primer lugar, en el mejor de los casos en la Comunidad Valenciana contamos con un 6% de profesores competentes en inglés. En ese sentido, si un centro no dispone de personal para impartir esas horas en lengua extranjera, ¿en qué idioma las dará? Además, se establecen horquillas y en Infantil, por ejemplo, puedes prescindir por completo de las horas en Inglés, horas que se tendrán que dar en otro idioma. Y no hay que olvidar que el artículo 11 de esa misma ley anima a promover la implantación del valenciano, hasta alcanzar el 50% cuando sea posible.
¿Pero los centros no pueden elegir en qué idioma darán esas horas?
Pueden, pero hay que tener en cuenta que en la escuela pública se han desactivado a todos los profesores que no tienen competencias en valenciano y que es el consejo escolar el que decide el modelo. Aquí los padres no pintan nada. Y al fin y al cabo, los profesores son empleados de Marzà y no van a negarse.
¿Y en la concertada?
En la concertada es el titular quien decide porque es de titularidad privada. Aquí podrían decantarse por primar el inglés porque la escuela concertada lleva años sin contratar docentes que no tengan la capacitación en inglés. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta el factor del chantaje lingüístico. Por ejemplo, mientras el anterior decreto se estaba tramitando, se estaban renovando los conciertos y se sucedieron las visitas de la Conselleria en las que recomendaba a los centros a qué modelo acogerse.
Denunciaron que el inglés se utilizaba como «chantaje» en el anterior decreto, mientras que con esta nueva ley su enseñanza queda a expensas de la voluntad de los centros.
Exacto. Con el decreto, el inglés servía para condicionar y con la nueva ley dependerá de la disponibilidad de cada centro. Y hay que tener claro una cosa. No podemos pretenden que en tres años un profesor cuente con todas las titulaciones y competencias para enseñar correctamente en otro idioma.
¿Van a reforzar sus medidas de presión?
Vamos a realizar acciones a nivel nacional porque este asunto ya está repercutiendo fuera de las fronteras de la Comunidad. El Estado debe hacer algo porque no queremos que nos ocurra lo mismo que en Cataluña, que se levanten barreras que nos aíslen de otras comunidades. Contamos con el apoyo del presidente nacional de Concapa, Pedro Caballero y estamos ya trabajando en un encuentro en el que recabar apoyos e implicar al Gobierno central.
¿Cómo piensan que trasciende fuera del ámbito autonómico?
En la comparecencia que tuvimos recientemente, el ponente nacional del ANPE, Laureano Bárcenas, subrayaba algo que nos parece escandaloso. En la ley que se está preparando se contempla que cuando llegue un alumno extranjero se les deberá aplicar una adaptación curricular para poder adaptarse al sistema valenciano de educación. Esto se aplicaría tanto a un niño que llega de fuera de España como a otro que viene de Madrid. ¿Qué barrera tiene ese niño que es español y está hablando en la lengua oficial del Estado? La barrera la está creando este gobierno, igual que ocurrió en Cataluña, donde personas que tenían que desplazarse a esa comunidad para trabajar se dejaban a la familia por miedo a cómo les afectaría a sus hijos en la educación. Nos van condicionando, también en nuestra propia casa. Cada vez van a exigir más titulaciones de valenciano, en todos los ámbitos, y eso va a provocar que médicos excepcionales no puedan trabajar aquí, como ya pasa en Baleares; desactivan a profesores interinos por la lengua;en la administración les imponen y les prohíben hablar en español…Eso lo hemos notado personalmente.

¿Se han sentido discriminados por este gobierno autonómico?
Está claro que abogan por la escuela pública y consideran que la concertada es subsidiaria. Sin embargo, deberían tener claro que este es un sistema dual con dos modelos que valen lo mismo. Consideran que el modelo único -a pesar de lo que diga la Constitución-, ha de ser el de una escuela pública laica y en valenciano. Por eso desde que Marzà tomó posesión notamos esa animadversión con la concertada que se ha traducido en casos como el de Jesuitas, en Alicante. Eliminó aulas de tres años habiendo niños y aunque al año siguiente reculó, renegoció con trapicheos para conseguir que quitaran la demanda pero les quitó dos aulas de Bachillerato.
¿Cómo ha acabado afectándoles el recorte de aulas concertadas en Bachillerato?
En Bachillerato hubo una negociación con los titulares y jugaron con el bolsillo de los padres. Pactaron, como si dijéramos, la solución menos mala, pero en absoluto conseguimos una victoria. Los padres de chavales en cuyos centros se han quedado sin el concierto, han tenido que sacrificarse para garantizar que sus hijos continuaran en el centro esos dos años más. Eso los que han podido, porque el resto han tenido que desperdigarse en diferentes institutos. Y en los colegios ahora hay padres que están pagando por el Bachillerato y otros que no. Eso es una discriminación. Después tenemos algunos centros, como Agustinos en Alicante que se han acogido al nivel más avanzado de valenciano y que han sido destacados como centro modelo…Aquí no han tocado ni una aula. Eso para mí es un chantaje.

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