Cifuentes tenía permiso desde agosto para dar la información que niega

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declarando en la comisión de investigación. J. S. G.

La Comunidad de Madrid lleva meses escudándose en la judicialización del ‘caso Lezo’ para no facilitar información sobre el Canal de Isabel II a la comisión de investigación sobre a corrupción de la Asamblea regional. La última negativa se produjo el pasado mes de diciembre, después de que se hubiera levantado el secreto de sumario del procedimiento penal, y con el mismo argumento.

La excusa esgrimida por el equipo de Cristina Cifuentes es que estaba a la espera de que la Justicia se pronunciara sobre si tenía autorización para entregar dichos documentos antes de la apertura del juicio oral en contra de lo dispuesto en un informe elaborado por la Abogacía General, organismo dependiente del propio Gobierno regional. Sin embargo, dicha respuesta ya había sido emitida el 18 de agosto y además en sentido favorable a la transparencia.

Según consta en una providencia del magistrado Fernando Andreu remitida a la Comunidad de Madrid hace cinco meses, adelantada por ‘eldiario.es’, las actas, expedientes y certificados solicitados la comisión de investigación «no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el juez de instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación».

Este periódico se puso en contacto la semana pasada con el Ejecutivo autonómico precisamente para preguntarle por el estado de la consulta, vía Consejo General del Poder Judicial, sobre la entrega de información a los grupos de la oposición en la Asamblea regional. «No consta que haya habido respuesta», afirmó textualmente un portavoz de la Consejería de Presidencia.

En la Comunidad explican ahora que la providencia «se traspapeló» debido a un «error humano», tal y como señala ‘eldiario.es’, aunque este periódico no ha podido contrastar aún este extremo. En esa misma información se apunta a que el subdirector general de régimen jurídico que «estaba de vacaciones» cuando llegó la comunicación del juez y que «a la vuelta no la vio» habría sido cesado de su cargo.

Andreu indica en su resolución que la petición formulada por el Gobierno regional, presentada en el juzgado el 7 de agosto de 2017, que «ésta no tiene una base legal en la medida en que es ajena a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuyen al juez instructor en un procedimiento». Asimismo señala que el juez «sólo puede pronunciarse sobre la aportación de documentos que consten en el sumario judicial, a los que sólo pueden tener acceso las partes personadas», que, según señala, no es el caso de los solicitados por la comisión de investigación.

Críticas de la oposición

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, socio de investidura de la presidenta regional, se ha referido este sábado a la noticia sobre la resolución judicial que autoriza la entrega de documentos relativos al ‘caso Lezo’, donde se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Canal. «¿Éste es el motivo por el que Cifuentes quería cerrar la comisión anticorrupción? Empieza a tener sentido que hayan decidido abandonarla», ha tuiteado el portavoz de la formación ‘naranja’, Ignacio Aguado.

Su homóloga en Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho que la presidenta «ha mentido» para «intentar encubrir a los corruptos de su partido». «Yo misma, en el mes de noviembre, le pregunté en sede parlamentaria por qué no estaba ocultando estas actas [del Canal] y ella dijo que el juez le había prohibido, porque estaban bajo secreto de sumario, entregarlas», ha indicado la diputada ‘morada’.

Petición de información

En la última batería de solicitud de documentos que la Comunidad de Madrid se había negado a facilitar amparándose en la fase de instrucción de la causa estaban las tasaciones solicitadas antes de la adquisición de Inassa, operación por la que está imputada la cúpula del ex presidente autonómico Alberto-Ruiz Gallardón, y la copia del certificado de autorización para la compra de Emissao, por la que se investiga al también ex mandatario regional Ignacio González.

El lunes pasado el PP anunció que abandonaba la comisión de investigación de la Asamblea ante los “insultos” que denunció haber recibido de sus rivales políticos en la Cámara de Vallecas. Apenas 24 horas después, el Gobierno de Cifuentes se refería a Ciudadanos como “el tonto útil de la izquierda” por el “tripartito de la oposición” que, según mantienen en la Puerta del Sol, forma con PSOE y Podemos.

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